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¿Para qué una investigación como esta? Durante 2019 estuvimos trabajando en una investigación impulsada por el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia -adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco- con el fin de conocer la incidencia y prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo es analizar la respuesta del sistema a dicho problema y establecer recomendaciones sobre las políticas para la prevención, detección precoz, atención, protección y reparación en situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes para una actuación y respuesta más coordinada y adecuada al problema.
¿Cómo hemos llevado a cabo este trabajo?

El enfoque adoptado en este estudio ha permitido un acercamiento al tema desde una perspectiva multidimensional (de modo que el análisis no se limita a determinadas formas de violencia más visibles, sino que trata de mostrar todas ellas) y participativa que considera a los diferentes agentes sociales implicados copartícipes de la reflexión. Para dar respuesta a los interrogantes se han combinado distintas técnicas metodológicas que han permitido recoger información cuantitativa y cualitativa de fuentes primarias y secundarias.

Hemos conseguido involucrar a las administraciones e instituciones públicas competentes en materia de servicios sociales de atención y protección a la infancia y la adolescencia, pero también a otros sistemas como el judicial, policial, sanitario y educativo y a entidades privadas del tercer sector y personas expertas que trabajan en este ámbito.

¿Qué hemos conseguido saber?

La Observación General Nº 13 del Comité de los Derechos del Niño entiende por violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente; violencia mental; violencia física; castigos corporales; abuso y explotación sexuales; tortura y trato o penas inhumanas o degradantes; violencia entre niños y niñas; autolesiones; prácticas culturales perjudiciales; exposición a la violencia en los medios de comunicación; violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones; y violaciones de los derechos del niño en las instituciones y en el sistema”.

Las principales referencias en la materia coinciden en definir la violencia hacia las personas menores de edad en términos de abuso de poder en relaciones de desigualdad y contemplan tanto las formas más explícitas de daño físico e intencional como las formas no físicas (maltrato psicológico…) y/o no intencionales de daño (descuido…).

La violencia contra niñas, niños y adolescentes puede adoptar múltiples formas, según consideremos la naturaleza de la violencia (física, emocional, sexual…); el contexto o entorno en el que se produce la violencia (hogar y familia, escuela, ocio y tiempo libre, lugares de trabajo, Internet y tecnologías de la comunicación…); la persona o agente perpetrador (miembro de la familia, iguales, institución, violencia autoinfligida, personas adultas desconocidas, grupos…); el nivel de severidad en relación con la desprotección (riesgo leve, moderado o grave, o desamparo); etc.

A la hora de dimensionar el problema es importante tener muy presente que existe una brecha significativa entre los casos existentes (prevalencia) y los que son registrados por los organismos oficiales (incidencia).

Por otro lado, sabemos que la violencia no afecta a todo el mundo por igual. El modelo ecológico reconoce que existe una gama amplia y compleja de factores individuales, relacionales, comunitarios y estructurales que, aunque no condicionan, sí aumentan el riesgo de violencia y ayudan a perpetuarla o, alternativamente, pueden proteger contra ella: discapacidad, pertenencia a minorías étnicas, baja autoestima, falta de red de apoyo,  niveles altos de pobreza, valores de no respeto a la diversidad, relativización de las consecuencias, etc.

Cabe considerar también, que las niñas y niños no sólo se encuentran en diferentes niveles de riesgo en relación con diferentes tipos de violencia (lo que indica que el género desempeña un papel relevante como factor), sino que las niñas presentan un mayor riesgo de sufrir algunos tipos de violencia. La Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advierte que las niñas sufren de forma desproporcionada violencia y abusos por parte de los hombres y pone de relieve que son las relaciones de poder entre mujeres y hombres asimétricas y no igualitarias, basadas en el género y arraigadas en la sociedad (estructura patriarcal), las que sobreexponen a las niñas a un riesgo de sufrir determinadas formas de violencia, en particular violencia sexual a partir de la pubertad.

En general, se observa una tendencia clara al alza del volumen de casos identificados de personas menores de edad afectadas por un tipo u otro de violencia, originada principalmente por una mayor concienciación social que ha conllevado el aumento en las denuncias y una creciente complejización de los mismos.

¿Por dónde podrían ir los siguientes pasos?

La respuesta que las instituciones vascas den a este problema deberá ser coherente con La Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por España en 1990), que establece que las niñas, niños y adolescentes no son sólo objeto de protección sino sujetos de titulares de derechos. Asimismo, los agentes implicados deberán asumir el interés superior de la niña o el niño, invocado por infinidad de normas, como principio rector de su actuación haciendo prevalecer el interés superior de la persona menor de edad frente a otros derechos e intereses colectivos.

Entre los retos prioritarios para luchar contra este tipo de violencia cabe destacar:

  1. Desarrollar una estrategia preventiva de carácter integral en la CAPV.
  2. Potenciar y reforzar la intervención comunitaria con el impacto que tiene en clave preventiva.
  3. Reforzar la detección temprana de casos para aumentar el éxito de las intervenciones.
  4. Poner en valor el papel socioeducativo de la educación emocional y de la educación afectivo-sexual.
  5. Agilizar los procedimientos y ganar en rapidez de respuesta.
  6. Garantizar un adecuado nivel de personalización de los itinerarios en todas las intervenciones y una mayor adecuación de algunos recursos a sus necesidades específicas.
  7. Realizar apuestas institucionales basadas en la corresponsabilidad y que incidan en los focos de especial preocupación.
  8. Incrementar los recursos humanos disponibles y su capacitación para atender un problema que crece y se complejiza.
  9. Desplegar mecanismos de evaluación para obtener conocimiento que permita implementar mejoras en las intervenciones, los protocolos, etc.
  10. Desarrollar instrumentos para vigilar y frenar la violencia institucional.

INFORME COMPLETO

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